En las últimas semanas hemos vuelto a tener las pensiones en los titulares de los diarios. Su desequilibrio a medio plazo (también a corto) y las propuestas de reforma desde el gobierno han ocupado buena parte del debate económico en días recientes. Como cualquier otra política pública, las pensiones concitan dos tipos de tareas para el policy maker, nítidamente separadas (aunque confusamente denominadas): la política económica en sentido estricto (la sustancia de la medida propuesta, y su impacto en las variables objetivo) y la llamada “economía política” (cómo afecta la medida a los distintos colectivos y cómo se negocia con ellos para conseguir una combinación razonable de apoyo social y político a la medida por un lado, con el mejor resultado posible en términos de variables objetivo).
En esta entrada repasaremos de manera somera la economía política de las pensiones: los beneficiados y perjudicados por una posible reforma, qué papel juegan en la negociación y qué sesgos tiene el proceso. Como veremos, en términos de su economía política las pensiones son probablemente el problema más complejo al que se puede enfrentar un policy maker en un país desarrollado.
