El galimatías jurídico potencial de las elecciones de EEUU

En una entrada anterior se abordaba cómo las elecciones en EEUU se podían ver afectadas por el sesgo de disponibilidad, en virtud del cual, los acontecimientos más recientes tienen un mayor peso en nuestra toma de decisiones. La sucesión de acontecimientos sigue siendo vertiginosa. En tan sólo las dos últimas semanas: la información sobre la declaración de la renta de Trump (habría pagado 750$ en 2017) y sobre la de Biden (casi 300.000$, en 2019); la presentación formal de la nueva candidata al Tribunal Supremo, Amy Coney Barrett; las crecientes sombras sembradas por los republicanos sobre el voto por correo y su eventual no reconocimiento (lo que abre un amplio frente de disputas legales sobre estos votos); el muy criticado primer debate presidencial; la disputa entre la Cámara de Representantes y el ejecutivo sobre el nuevo paquete de estímulo fiscal en un momento en el que la recuperación de la economía ha perdido fuerza; la hospitalización de Trump con COVID-19 y el foco de contagio en la Casa Blanca (todavía en el período de incubación, con más posibles afectados).

El contagio de Trump, y el riesgo de que se contagie Biden, ha abierto un nuevo frente de incertidumbre sobre los complejos escenarios legales que se plantean en caso de una eventual mala evolución de la COVID-19 entre los candidatos y que alguno quedara incapacitado o falleciera. La legislación no resuelve cómo afrontar este tipo de situación en una fase tan avanzada de las elecciones –formalmente, el Congreso podría retrasar el día de la elecciones, pero nunca lo ha hecho, ni siquiera en periodos de guerra, y no cabe esperar que la haga esta vez–. Esperemos no encontrarnos en este escenario, en todo caso, se trata de supuestos que añaden incertidumbre al proceso electoral y que se están abordando en los medios de comunicación americanos, lo que puede afectar a la decisión de los electores indecisos.

Se abriría un complejo galimatías jurídico en el que múltiples actores podrían acabar teniendo un papel decisivo en la elección del nuevo Presidente. Al frente de ellos, la Cámara de Representantes, pero, en función del escenario, también pueden jugar un papel central los comités nacionales de los partidos demócrata y republicano, el colegio electoral, los congresos estatales, o los tribunales estatales y el tribunal supremo. Estos serían los principales elementos en juego.

Los comités nacionales de los partidos pueden proponer un nuevo candidato, en teoría, con margen hasta diciembre. En caso de incapacidad o fallecimiento de un candidato, los comités nacionales del partido demócrata (447 miembros) y republicano (168), podrían proponer un nuevo candidato –los comités podrían elegir a cualquier candidato, no tendrían por qué ser necesariamente los respectivos candidatos a vicepresidente, Kamala Harris y Mike Pence (aunque dados los plazos es probable que lo fueran, de forma que su debate del miércoles 7 adquiere ahora un mayor peso)–. El problema es que más de dos millones de electores ya han votado por correo y, en la mayoría de los Estados, ya ha prescrito el plazo para presentar candidatos. Más aun, aunque un tribunal permitiera presentar un candidato nuevo, no hay tiempo material suficiente para cambiar las papeletas e incluirlo antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Sin embargo, las fechas del colegio electoral darían margen a los comités nacionales de los partidos para presentar un nuevo candidato, al menos, hasta el 14 de diciembre de 2020, porque el voto es delegado. Formalmente, el 3 de noviembre no se deciden las elecciones, sino que se eligen a los representantes del Estado en el colegio electoral –538 electores, de los cuales, 435 se distribuyen en función de la población, y, el resto, 2 por y 3 para Washington DC–. El colegio electoral de cada Estado no vota hasta el 14 de diciembre y el plazo para comunicar el resultado al presidente del Senado, el Vicepresidente Mike Pence, se extiende hasta el 23 de diciembre. Por tanto, los comités nacionales podrían en teoría proponer otro candidato antes del 14 de diciembre, por ejemplo, si el candidato quedara incapacitado después del 3 de noviembre. Cabría esperar que los delegados de los colegios electorales votarían por el candidato que determinaran los comités de sus respectivos partidos.

Ahora bien, los tribunales o los poderes legislativos estatales pueden ser llamados a resolver sobre el voto del colegio electoral. En muchos estados, la legislación prevé que los colegios electorales deben votar por el candidato que ha ganado las elecciones en el Estado. Por tanto, si el colegio electoral votara en un sentido distinto, se abre un proceso legal incierto en el que los tribunales estatales y, eventualmente, el tribunal supremo, podrían ser llamados a resolver sobre la validez del voto del colegio electoral. En paralelo, las cámaras de representantes estatales podrían tomar la iniciativa y, ante el nuevo escenario de un candidato incapacitado, legislar sobre cómo debe ser el voto de los representantes estatales en el colegio electoral, lo que a su vez podría ser susceptible de impugnación en los tribunales.

Por otro lado, es la Cámara de Representantes quien debe formalizar el resultado del voto del colegio electoral el 6 de enero. Formalmente, los votos del colegio electoral se escrutan y resuelven el 6 de enero, en una sesión conjunta del nuevo Senado y Cámara de Representantes, que, previamente, han tomado posesión el 3 de enero. Podría ocurrir un escenario en el que los votos del colegio electoral no fueran concluyentes porque ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta de 270 votos necesarios para ser elegido Presidente –por ejemplo, si distintos Estados alcanzaran distintas soluciones sobre la disputa legal para resolver sus propios votos en el colegio–. También podría ocurrir que el candidato que sí ha alcanzado una mayoría el colegio electoral fuera incapacitado entre el 14 de diciembre y el 6 de enero (de forma que el Congreso debería decidir sobre la validez de estos votos).

En estos escenarios, sería la Cámara de Representantes la que tendría que decidir sobre quién es elegido Presidente, con la particularidad de que cada delegación estatal solo tendría un voto, lo que favorece a los republicanos porque tienen más opciones de ganar en la Cámara por número de Estados que por número de representantes. Sí parece claro que, si el Presidente es confirmado el 6 de enero por el Congreso y quedara inhabilitado después de esa fecha, y antes de la toma de posesión el 20 de enero, entonces, la presidencia pasaría, por orden, primero al Vicepresidente, y, en segunda instancia, al Presidente de la Cámara de Representantes.

Esperemos que no se den estos escenarios y que los dos candidatos acudan en buena salud a las elecciones del 3 de noviembre.

 

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