Brexit, Cataluña y la Teoría de la Desintegración Económica

Así como durante la segunda mitad del siglo XX –en especial desde los años 90– el mundo vivió una considerable expansión de los procesos de integración económica, en las primeras décadas del siglo XXI la crisis financiera y la Gran Recesión han favorecido el retorno de los nacionalismos y de los populismos y un cuestionamiento del proceso liberalizador. Ello ha dado lugar a algunas propuestas de desintegración como el abandono del euro, la salida de la Unión Europea, la disolución del NAFTA o los impulsos secesionistas de algunas regiones europeas.

Todas ellas se han presentado siempre acompañadas de escenarios optimistas y unidimensionales, con beneficios ciertos y costes inexistentes. La realidad, sin embargo, es que los beneficios suelen ser bastante inciertos, y los costes, inevitables y ciertos. En el fondo, lo que ha faltado es una evaluación económica seria de los costes de transición o, lo que es lo mismo, una verdadera Teoría de la Desintegración Económica y Monetaria.

Su predecesora natural sería su reverso, la Teoría de la integración económica, surgida en los años cincuenta coincidiendo con los primeros pasos en la cooperación europea, y cuyos análisis iniciales se centraron en las ventajas e inconvenientes sobre el bienestar de reducir los aranceles frente a un grupo de países. Posteriormente se incluyeron los efectos dinámicos derivados de la existencia de economías de escala y una mayor especialización, las interdependencias sectoriales en un marco de equilibrio general o los efectos de la innovación en un marco dinámico de crecimiento endógeno. En paralelo, la teoría de la integración monetaria se centró en estudiar los beneficios derivados de una moneda común –menores costes de transacción, mayor transparencia de precios y menor incertidumbre cambiaria– a cambio de los costes de renunciar al uso de la política monetaria y el tipo de cambio como herramientas de estabilización en el caso de crisis que afectasen más a unas regiones que a otras (“shocks asimétricos”) dentro de un área monetaria determinada, así como la necesidad de mecanismos de ajuste alternativos fiscales o laborales.

La realidad económica, sin embargo, se ha hecho cada vez más compleja, y en las últimas décadas el comercio se caracteriza por una especialización no basada en producto, sino en cadenas de valor, con predominio del comercio intraindustrial, un creciente peso del comercio de servicios –directo o indirecto (incorporado en bienes)–, fuertes economías de escala, concentración de la innovación y las ganancias de productividad en un reducido número de empresas, economías de aglomeración –es decir, ventajas para las empresas de estar cerca de otras empresas por un mejor acceso a mano de obra cualificada, a la difusión del conocimiento o a servicios especializados– y una intensa utilización de instrumentos financieros. Como consecuencia, en ausencia de elementos distorsionadores como las aduanas o los tipos de cambio, el aprovechamiento de las economías de escala y externas en un mercado único es total.

Eso no quiere decir, por supuesto, que la interdependencia y la aglomeración de empresas no tengan efectos negativos: pueden aumentar la desigualdad –vía concentración de riqueza en torno a núcleos productivos urbanos, o salarial en torno a empresas-estrella– o la vulnerabilidad –en la medida en que la especialización excesiva de determinadas regiones agudiza la posibilidad de shocks asimétricos–.

En todo caso, para bien o para mal, las tendencias desintegradoras se han producido en este marco, y aunque hasta cierto punto es normal que la teoría económica vaya a remolque de la realidad, lo que no tiene sentido es que los procesos de desintegración propuestos prescindan del mismo análisis de beneficios y costes que se hacía en el caso de la integración. Resulta pues imprescindible una Teoría de la Desintegración Económica y Monetaria que los evalúe adecuadamente, en especial los costes.

El primer ejemplo lo tuvimos durante la reciente crisis del euro, cuando la evidencia de los elevados costes de ajuste se tradujo en una gran ligereza por parte de irresponsables políticos y economistas –incluido algunos premios Nobel– a la hora de recomendar la salida del euro de algunos países. El problema no era que no tuvieran razón al afirmar que estar fuera del euro hubiera sido mucho más beneficioso para algunos países –que podrían haber salido mucho antes de la crisis y con menores costes–; el problema es que ya estaban dentro del euro, y la disyuntiva no era incorporarse al euro o quedarse fuera, sino entre soportar un ajuste mayor en términos reales o arriesgarse a abandonar el euro y abrir la caja de Pandora de la desintegración monetaria, obviando el coste del efecto contagio que podría haber generado una recesión europea y mundial mucho más dañina en términos de PIB y empleo que el propio ajuste de un país individual. Lo que estaba en juego entonces era la confianza y la propia sostenibilidad del sistema monetario de Europa: un juego demasiado arriesgado.

En los casos más recientes del Brexit y de Cataluña, se pueden sistematizar los siguientes costes potenciales, en muchos casos comunes:

• Los costes financieros de la ruptura. En el caso del Brexit, por los compromisos ya adquiridos (60.000 millones de euros); en el caso de Cataluña, por el pago de la deuda con el Estado (55.000 millones de euros).
• Los costes administrativos y de personal para poder firmar nuevos acuerdos y adaptar regulaciones. En el caso del Brexit, más de 700 entre acuerdos comerciales, regulatorios, pesqueros, de transporte, aduaneros, nucleares o agrícolas, más el nuevo Acuerdo con la UE; en el caso de Cataluña, además, un nuevo Tratado de Adhesión, y acuerdos en materia de defensa (OTAN). En ambos casos, el coste de la incertidumbre sobre la duración de las negociaciones, el ámbito del acuerdo o un posible veto de última hora.
• Los costes administrativos, de infraestructuras y de personal de crear nuevas fronteras y aduanas. En el caso del Brexit, con Irlanda; en el caso de Cataluña, con España.
• Los costes administrativos y de personal de creación de las instituciones de un nuevo país (caso de Cataluña), en especial las de las competencias hasta ahora no asumidas (justicia, Defensa –incluido un ejército–, Hacienda, Aduanas, Exteriores).
• Los costes de salida de la Unión Monetaria (caso de Cataluña), que puede plantearse de dos maneras, ambas costosas: o el mantenimiento dentro de la zona euro, pero sin participar en sus mecanismos institucionales y de protección (con una economía “eurizada”), o la emisión de una nueva moneda que requeriría la creación de todo un nuevo entramado institucional, incluyendo un banco central. En el primer caso habría que añadir los costes de renunciar a política monetaria y cambiaria en el caso de shocks, y en el segundo la incertidumbre sobre el valor de la nueva moneda catalana.
• Los costes dinámicos derivados de la ruptura de las cadenas de valor e inmediatas deseconomías de escala provocadas por la aparición de barreras o de nuevas monedas, y la desconcentración de la producción, a través del desplome de la inversión directa y de la productividad. En el caso de Brexit, afectaría a las cadenas de valor con la UE (vehículos, servicios financieros); en el caso de Cataluña, además, a las existentes con España (que supone con la UE el 80% de sus intercambios), con la paradoja de que, en un contexto de nuevas fronteras y costes cambiarios, una región con alto capital humano y capacidad industrial como Cataluña difícilmente podría mantenerse como uno de los centros industriales y tecnológicos europeos.

Es importante destacar la fuerte asimetría existente entre costes de integración y de desintegración, por la presencia en este último caso de uno muy importante, y el más temido  por las empresas: el de la incertidumbre.

No es de extrañar por ello que en los últimos años comiencen a aparecer evaluaciones sistemáticas de los costes de desintegración. Aparte del referido al proceso de desintegración de Yugoslavia –explicado en este artículo–, ya han aparecido análisis de los costes del Brexit, en trabajos como los de Dinghra (2016), Ottaviano et al. (2016) o van Reenen (2017). Sampson (2017) constituye un buen resumen de la literatura empírica reciente sobre dichos costes, que oscilan entre un 1% y un 10% de la renta per cápita del Reino Unido, con distintos escenarios en función de la salida o no del mercado único, o considerando los posibles costes dinámicos de las barreras comerciales sobre la inversión directa y la productividad –que podrían duplicar o triplicar los efectos negativos (Bruno et al, 2016)–; además, apunta ya a la necesidad de una metodología común para una nueva Teoría de la Desintegración, que esperemos que se utilice pronto para analizar casos como el de Cataluña y contribuir a un debate hasta ahora muy pobre económicamente.

Todo lo anterior no implica que la supervivencia económica de Reino Unido o de Cataluña sea imposible. No lo es, pero solo porque a largo plazo rara es la catástrofe económica de la que un país no logre recuperarse: la única duda es cuántos años tardará en volver a alcanzarse el PIB per cápita del momento previo a la ruptura.

Y es que lo verdaderamente honesto desde el punto de vista intelectual es plantear este tipo de decisiones sobre la base de dos premisas: primero, que no se toman nunca en el vacío ni en un laboratorio estéril, sino en un marco jurídico y económico determinado que primero hay que desmontar –asumiendo los costes–; y segundo, que no existen nunca beneficios aislados, sino solo beneficios por unidad de coste.

Dicho de otra forma: en Economía, desear algo equivale siempre a preguntarse cuál es el precio que se está dispuesto a pagar por conseguirlo.

---

En colaboración con Agenda Pública